Un áspero cruce se registró ayer entre la Corte Suprema y la presidenta Cristina Kirchner, en una fuerte escalada del conflicto entre el oficialismo y el poder judicial. Durante la tarde, la Corte salió a responderle a la mandataria sus críticas. A través de un comunicado, le pidió que respete la independencia judicial y que se exprese "con mesura y equilibrio". Anoche, Cristina decidió llevar aún más lejos la confrontación con el Poder Judicial afirmando que “el comunicado de la Corte es poco feliz, es como si yo me ofendiera porque hoy a la mañana el doctor Fayt dijo que yo decía tonterías”. “Además hay cosas del comunicado que no me parecen acertadas en boca de nadie y mucho menos de quien tiene que garantizar la libertad en el ejercicio de la expresión", dijo la presidenta.

Obispos de todo el país, encabezados por el cardenal Jorge Bergoglio, preparan un duro pronunciamiento contra el Gobierno por la crisis institucional generada por el uso de reservas del Banco Central y alertarán sobre la necesaria independencia de poderes. La Comisión Permanente del Episcopado arrancó ayer con sus deliberaciones y tiene previsto dar a conocer hoy cerca del mediodía un documento público. En el advertirá sobre su "preocupación" por "el avasallamiento a la independencia de poderes y la institucionalidad del Estado", señalaron a Noticias Argentinas fuentes eclesiásticas. El documento no se referiría directamente a la polémica por el uso de reservas del Banco Central para el pago de la deuda pública, pero sí aludirá a sus derivaciones políticas y sociales y "exhortará al diálogo" a los poderes del Estado.

La presidenta Cristina Kirchner anunció anoche que el Gobierno "va a facilitar el tratamiento del proyecto de ley" que ayer presentó el senador peronista de La Pampa, Carlos Verna. El texto es casi idéntico al decreto de necesidad y urgencia que ya fue desahuciado por los opositores en el Parlamento. Se trata de la norma dictada hace diez días, que agudizó la crisis política porque autorizó el pago de la deuda a acreedores privados con 4382 millones de dólares de las reservas del Banco Central. El ambiente festivo que rodeaba a la Presidenta obedecía a que ésta considera que la sanción de una ley podría legitimar el uso de reservas y destrabar el conflicto de poderes abierto por el Poder Ejecutivo.

Tal como lo hizo días atrás con el sector empresario, la presidente Cristina Kirchner almorzará hoy en la residencia de Olivos con la cúpula de la Confederación General del Trabajo. Así lo confirmó ayer el titular del gremio de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, integrante del sector sindical denominado los "Gordos", quien explicó que había sido invitado al encuentro con la jefe de Estado por el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. "Yo fui invitado por Moyano, le pregunté si había algún temario y me dijo que no", relató Lescano, al tiempo que estimó que la primer mandataria, "como se reunió con los empresarios hace unos días, también se reunirá con nosotros".

La Presidenta Cristina Kirchner anunció ayer el envío al Congreso de un proyecto de ley que deroga el Estatuto del Personal Doméstico, aprobado por un decreto-ley en 1956. Y postula al mismo tiempo una nueva ley que equipara los derechos laborales del personal que se desempeña en casas particulares como preaviso, indemnización por despido o vacaciones con el resto de los trabajadores. En tanto, se mantiene sin cambios el régimen especial de aportes y contribuciones que es de 81,75 pesos por mes para jubilaciones y obra social. Y también se mantiene sin modificaciones la posibilidad para el empleador que tenga personal doméstico registrado de deducir hasta 9.000 pesos anuales de la base imponible del impuesto a las Ganancias.

En un intento de ganar tiempo y evitar que la oposición declare la nulidad del decreto con el que Cristina Fernández dispuso el uso de reservas para cancelar deuda, el kirchnerismo recurrirá a maniobras y artilugios reglamentarios. Buscarán así dilatar las instancias parlamentarias y demorar el tratamiento que el arco anti K se propone apurar esta semana. Como primera medida, a seis días de su firma, el Ejecutivo aún no envío al Congreso el decreto para destinar 4.382 millones de dólares del Banco Central al pago de vencimientos. De acuerdo con la ley, Cristina tiene que hacerlo dentro de los 10 días a partir de dictarlo, plazo que vencerá el miércoles. Pretenden así que el decreto entre en vigor sin tratamiento parlamentario, ya que el tiempo para tratarlo vencería casi de inmediato.